Por Arturo Gutiérrez
Ciudad de México, 25 noviembre 2025.— El Gobierno de la Ciudad y la Fiscalía presentaron una propuesta para separar la violencia familiar entre parejas del resto de agresiones intrafamiliares, una modificación que, en palabras de la fiscal Bertha Alcalde, busca corregir un error arrastrado por años: la incapacidad del Estado para nombrar y medir la violencia que viven principalmente las mujeres a manos de sus parejas.
La iniciativa reconoce que el actual tipo penal mezcla agresiones entre primos, tíos, familiares lejanos y parejas, lo que ha invisibilizado por completo el principal foco de violencia en la capital. La reforma plantea un capítulo específico en el Código Penal que permitiría generar estadísticas reales, investigación especializada y penas más severas.
Sin embargo, especialistas cuestionan que la propuesta llega tarde y sin un plan claro de implementación.
“Separar el delito es necesario, pero ¿qué pasa con las agencias saturadas, la falta de peritos y las órdenes de protección que tardan horas o días en emitirse? La estructura sigue siendo la misma”, señaló una experta en política criminal.
El proyecto añade agravantes como agresiones a mujeres embarazadas, uso de armas, lesiones graves o reincidencia, lo que elevaría las penas hasta siete años de prisión. También se impondrán programas obligatorios de reeducación para agresores, aunque no se detalló cómo se evaluará su cumplimiento ni quién supervisará estos centros.
Críticos advierten que el Gobierno capitalino continúa apostando por reformas simbólicas, mientras que los refugios, los centros de justicia y las unidades policiales permanecen con presupuestos insuficientes.
“Reconocen el problema, pero no garantizan los recursos. Sin personal, sin especialistas y sin seguimiento, las leyes nuevas no cambian la realidad de las mujeres”, afirman activistas.
