Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 02 diciembre 2025.- En una postura frontal, la diputada panista Olivia Garza denunció que en los últimos años el gobierno federal ha utilizado sus espacios oficiales para exhibir y estigmatizar a opositores, críticos y periodistas. Ante esta situación, presentó una iniciativa para castigar el “doxing” —la revelación de datos personales con fines de hostigamiento— como un delito en la Ciudad de México.
Acompañada por el coordinador parlamentario del PAN, Andrés Atayde, la legisladora argumentó que las conferencias matutinas del Gobierno de México se han convertido en un instrumento para señalar y desacreditar a ciudadanos que ejercen su derecho a criticar o cuestionar decisiones públicas.
Garza aseguró que esta normalización del linchamiento digital desde plataformas gubernamentales constituye un riesgo directo para la integridad de las personas y para la vida democrática del país. “La línea entre el debate político y el abuso de poder ya se cruzó”, advirtió.
La reforma propone penas de hasta dos años de cárcel por la exposición indebida de datos sensibles y por participar en campañas de desprestigio desde el entorno digital. Además, cuando se trate de un servidor público, la sanción podría duplicarse, sentando un precedente contra el uso del cargo para intimidar o perseguir voces disidentes.
La iniciativa también contempla mecanismos de protección, atención especializada y criterios claros para sancionar a los funcionarios que usen recursos públicos para actos de hostigamiento. El PAN sostiene que esta medida es urgente para garantizar la seguridad y la libertad de expresión en la capital y evitar “que el poder se convierta en una herramienta de persecución”.
