Por: NOTICIASCD.MX
Ciudad de México, 30 de julio de 2025.- Uno de los componentes más llamativos de la propuesta para crear el Instituto de Investigación del Agua es la integración de un Consejo Consultivo del Agua con al menos 30% de representación de comunidades vulnerables. El planteamiento busca democratizar la toma de decisiones en torno al agua, pero no está exento de escepticismo.
Organizaciones vecinales y defensores del derecho al agua han manifestado su preocupación sobre el verdadero peso que estas comunidades tendrán en las decisiones del Instituto. “Nos invitan a participar, pero sin poder de decisión real”, critica María del Carmen Pérez, líder comunitaria en Iztapalapa. “Si no se garantiza una participación vinculante, todo se queda en discurso”.
El artículo 65 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo exige inclusión, pero históricamente estas disposiciones han sido ignoradas o aplicadas de manera simbólica. La propuesta presentada por la panista, Olivia Garza, no aclara los mecanismos de elección, ni los criterios para definir qué constituye una “comunidad vulnerable”, dejando un margen amplio a la discrecionalidad política.
La legisladora Garza insistió en que el Instituto será una herramienta de innovación con enfoque social, pero no ha detallado cómo garantizará la transparencia en la designación del Consejo ni en la toma de decisiones.
Con un problema tan estructural como el del agua, es urgente evitar que los mecanismos de participación sean utilizados como mera fachada. Si la ciudadanía no tiene voz real, difícilmente se avanzará hacia una gestión democrática y sustentable del agua.
