Redacción
Ciudad de México – La integración de la Huella Hídrica al presupuesto de la capital mexicana promete una gestión más eficiente y equitativa del agua. Pero detrás de los tecnicismos fiscales y ecológicos, emerge una pregunta incómoda: ¿quiénes asumirán los costos de la transición y quiénes se beneficiarán realmente?
El Congreso plantea incentivos tributarios para quienes inviertan en tecnologías de ahorro y penalizaciones para consumos excesivos, advirtió el diputado Pablo Trejo. Si bien esta lógica ecológica puede generar cambios positivos, también corre el riesgo de reforzar desigualdades preexistentes. “No es lo mismo pedirle eficiencia hídrica a una familia en Iztapalapa que a una cadena hotelera en Polanco”, señala la economista ambiental Laura González.
Además, la iniciativa parece enfocarse en corregir el “consumo” sin atender los modelos de producción intensivos en agua. El concepto de “agua virtual”, es decir, el agua usada en la producción de bienes y servicios, apenas se menciona de forma general, sin compromisos específicos con sectores como el inmobiliario, industrial o turístico, que son los mayores demandantes.
Para que esta reforma sea justa y eficaz, deberá ir más allá del control y castigo al ciudadano común. La redistribución del agua requiere decisiones estructurales valientes, y no solo estrategias de eficiencia fiscal.
