Por Arturo Gutiérrez
Ciudad de México, 6 de agosto de 2025.
Con hasta 30 dictámenes en la mesa, el Congreso de la Ciudad de México se prepara para un periodo extraordinario cargado de iniciativas de alto impacto, muchas de ellas planteadas por el gobierno de Clara Brugada. Pero, como suele ocurrir, la densidad legislativa podría traducirse más en promesas que en resultados.
Entre los temas destacados está la Ley de Franeleros y la de Micromovilidad, las cuales serían las de mayor interés para la titular del Gobierno capitalino.
Además, están la Ley de Vivienda Asequible y Rentas Justas, que busca frenar la gentrificación y regular plataformas como Airbnb. Aunque aún no se ha enviado al Congreso, su inclusión marcaría un giro en la política habitacional. Se habla también de la creación de una Defensoría del Inquilino, figura que podría convertirse en un referente si se dota de autonomía real.
Otra propuesta es la Ley de Cuidados, destinada a establecer un sistema de apoyo para quienes cuidan a personas en situación vulnerable —un reclamo histórico de los feminismos y de organizaciones sociales—. A esto se suman iniciativas para reforzar el acceso a la salud mental y menstrual, reformas que, si bien progresistas en el discurso, han enfrentado históricamente resistencia presupuestal y burocrática.
Llaman también la atención las reformas en materia de participación ciudadana y seguridad jurídica, como la llamada Ley Crucito, que propone penas severas por violencia contra hijastros. Aunque mediáticamente potente, esta iniciativa ha sido criticada por basarse en casos aislados para justificar reformas penales de línea dura.
El riesgo de este paquete legislativo es evidente: una agenda extensa puede diluir prioridades, dejar temas clave sin discusión profunda o usarse con fines de posicionamiento político. Además, el Congreso capitalino ha demostrado en el pasado poca disposición para el debate plural, con mayoría oficialista que aprueba dictámenes al vapor.
Si bien hay voluntad para legislar, la calidad del trabajo legislativo será el verdadero termómetro del compromiso con los derechos, la justicia social y la mejora urbana. Habrá que vigilar que el periodo extraordinario no sea solo un trámite, sino una oportunidad real para avanzar en la agenda pública.
