Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 06 agosto 2025.- La Ciudad de México enfrenta una crisis de extorsión que afecta principalmente a los pequeños y medianos negocios. Ante esta situación, el Diputado Andrés Sánchez Miranda presentó una iniciativa para crear la Unidad Antiextorsión Comercial, una estrategia para frenar este delito que tiene devastadores efectos sobre la economía y la seguridad de los empresarios. La propuesta ha generado expectativas, pero también surgen serias dudas sobre su eficacia y alcance.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024), la extorsión es el tercer delito más común en la capital, con una tasa de 7,124 casos por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, en lo que respecta a los negocios, la situación es aún más grave: la Encuesta Nacional de Extorsión (ENVE 2024) indica que la Ciudad de México supera ampliamente el promedio nacional, con 3,126 extorsiones por cada 10,000 unidades económicas.
El proyecto presentado por Sánchez Miranda plantea reformas a tres leyes clave para la creación de la unidad: la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Entre las medidas propuestas se destacan la creación de una Policía de Protección Empresarial que vigile zonas de alta actividad económica, la instalación de botones de pánico físicos y digitales en los negocios, y el otorgamiento de créditos a tasa cero para las víctimas de extorsión.
Si bien estas propuestas parecen ofrecer una respuesta inmediata, se cuestiona si serán suficientes para cambiar el panorama. La impunidad que reina en la CDMX y la falta de confianza en las autoridades son dos factores clave que siguen limitando las posibilidades de éxito de cualquier iniciativa. El 93% de los delitos no se denuncian, como lo afirma Sánchez Miranda, lo que refuerza la idea de que el sistema de justicia debe reformarse profundamente si se desea un cambio real.
La Unidad Antiextorsión podría ayudar a crear un entorno más seguro para los empresarios, pero el verdadero reto será garantizar que las autoridades actúen de manera efectiva y transparente, de modo que los negocios se sientan protegidos y no temerosos de represalias. Además, la iniciativa no aborda el problema de fondo: el crimen organizado sigue siendo una amenaza constante para quienes se niegan a pagar extorsiones.
