Por Dana Rodríguez
Ciudad de México, 11 de septiembre de 2025. – La reciente conformación del Consejo Ciudadano Honorífico de Derechos Humanos del Congreso local evidencia una paradoja: un órgano que nace para contribuir al fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos, pero que carece de independencia, representatividad y capacidad crítica real.
De acuerdo con el dictamen presentado por la diputada Jannete Guerrero Maya (PT), la finalidad del consejo es “acompañar y asesorar” al Congreso en temas de derechos humanos, además de participar en la renovación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), cuya presidencia deberá definirse en los próximos meses. Pero las decisiones sobre la integración del consejo se tomaron sin convocatorias abiertas, sin entrevistas públicas ni criterios técnicos verificables.
En los hechos, este consejo no tiene peso vinculante, pero su influencia simbólica y política será clave. Si bien algunos de sus integrantes cuentan con experiencia académica y en organizaciones civiles, la mayoría no proviene de luchas sociales ni de sectores históricamente vulnerados. La composición refleja una visión institucionalizada y moderada de los derechos humanos, dejando fuera a voces disidentes que podrían cuestionar al propio Congreso y a las autoridades.
El caso no es aislado. En años recientes, tanto a nivel local como federal, se han multiplicado los nombramientos de órganos ciudadanos honoríficos que reproducen estructuras de poder existentes, sin fortalecer la rendición de cuentas ni la participación ciudadana efectiva. La legitimidad de estos espacios está en entredicho cuando nacen bajo lógica de cuotas y no de mérito.
