Por Arturo Gutiérrez
Ciudad de México, 01 de octubre de 2025.– Durante las entrevistas realizadas por el Congreso capitalino a las personas aspirantes a encabezar la Secretaría de la Contraloría General (SCG), diversas diputadas y diputados expresaron la urgencia de transformar esta institución más allá de su función sancionadora y convertirla en un motor de integridad institucional, prevención y gobierno abierto.
En este contexto, la diputada Judith Vanegas Tapia (MORENA) planteó que la SCG debe dejar de ser percibida como una entidad reactiva para convertirse en una instancia articuladora de políticas públicas de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Insistió en que los principios normativos no deben quedarse en el papel, sino traducirse en prácticas cotidianas que impacten positivamente la vida pública.
La legisladora Leticia Haro Jiménez, de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, hizo énfasis en el papel de la SCG como promotora de una cultura ciudadana de rendición de cuentas, no solo entre funcionarios, sino también en la población. Preguntó qué herramientas impulsarían los aspirantes para fortalecer las contralorías ciudadanas y los mecanismos de evaluación de políticas públicas.
En este tenor, la candidata Nashieli Ramírez Hernández propuso un modelo de contraloría social que trabaje desde el territorio y no solo desde los escritorios. En su propuesta incluyó el fortalecimiento del control del gasto público, la garantía de certeza jurídica tanto para ciudadanos como para empresas, y la consolidación de mecanismos de participación ciudadana en los procesos de fiscalización.
Por su parte, la diputada Ana Luisa Buendía García (MORENA) afirmó que la SCG debe ser un pilar contra la corrupción, a la que calificó como “el mayor obstáculo para la justicia social”. Planteó la necesidad de fomentar la cultura de la denuncia sin represalias y proteger a quienes reporten irregularidades. También preguntó cómo se podría fortalecer el impacto real de los códigos de ética en las dependencias.
Estos posicionamientos reflejan una demanda generalizada desde el Poder Legislativo para que la Secretaría de la Contraloría no solo vigile y sancione, sino que prevenga, forme, escuche y actúe con transparencia y justicia.
