Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 15 de diciembre de 2025.— El Congreso local dejó de ser recinto parlamentario para convertirse en un campo de batalla. Golpes, jalones de cabello y empujones marcaron la discusión de la Ley de Transparencia, una iniciativa que, irónicamente, se aprobó en medio de la más absoluta opacidad política y violencia legislativa.
El detonante fue la toma de la Mesa Directiva por parte de la diputada panista Daniela Álvarez Camacho, quien protestó contra la eliminación de la autonomía del Instituto de Transparencia. Su acción bastó para que un grupo de diputadas de Morena, encabezadas por Yuriri Ayala, intentara desalojarla por la fuerza, recurriendo a golpes y agresiones físicas que obligaron a las panistas a cerrar filas para defender a su compañera.
El diputado del Partido Verde y presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intentó sin éxito contener la trifulca. Sus llamados al orden quedaron sepultados entre gritos, empujones y el caos que se apoderó del pleno. La escena, más propia de una riña callejera que de un órgano legislativo, evidenció el deterioro del debate democrático.
Fue hasta que otras legisladoras de Morena, entre ellas Martha Ávila, intervinieron para frenar a sus compañeras, que el zafarrancho comenzó a disiparse. Sin sanciones, sin suspender la sesión y sin asumir responsabilidades, el Congreso retomó la votación como si nada hubiera ocurrido.
Minutos después, el dictamen fue aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados, en el marco de una agenda acelerada de sesiones “al vapor” con la que buscan sacar adelante iniciativas rezagadas antes del cierre del periodo legislativo. La transparencia, paradójicamente, quedó enterrada bajo golpes y prisas.
