Por Redacción
Ciudad de México, 30 de julio de 2025.- Una alerta roja se cierne sobre los mercados públicos de la capital. Pese a su importancia histórica y social, el 98% de estos espacios no cuenta con un Programa Interno de Protección Civil, según datos presentados por la legisladora morenista, Brenda Ruiz, en el Congreso de la Ciudad de México.
El dato es alarmante. Más aún si se considera que los mercados públicos —340 en total— son una fuente directa de empleo para alrededor de 300 mil ppersonas y abastecen al 33% de los hogares capitalinos. Estos recintos, fundamentales para el funcionamiento de la ciudad, enfrentan peligros latentes por instalaciones eléctricas defectuosas, sistemas de gas inseguros y un deficiente manejo de residuos.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada expuso que entre 2019 y 2023, el Gobierno capitalino y las alcaldías invirtieron más de $1,597 millones de pesos en acciones preventivas. Sin embargo, los resultados son, a todas luces, insuficientes. ¿Dónde quedó ese presupuesto? ¿Cuáles fueron los criterios para su distribución? ¿Por qué no se ha cumplido con el mínimo legal en materia de protección civil?
El punto de acuerdo exhorta a las autoridades locales no solo a actuar, sino a rendir cuentas. Las y los alcaldes deberán presentar un informe detallado sobre los planes de protección civil implementados —o ausentes— en los mercados de sus respectivas demarcaciones. Se trata de una exigencia que, de no cumplirse, podría evidenciar una grave negligencia administrativa con consecuencias legales y sociales.
Mientras tanto, en los mercados, la vida continúa: comerciantes que encienden sus parrillas sin saber si el gas está debidamente conectado, puestos con cables colgantes improvisados, y pasillos donde la basura se acumula sin protocolo alguno. La falta de acción institucional pone en riesgo tanto a locatarios como a consumidores, quienes muchas veces no tienen alternativa más que acudir a estos espacios.
Este llamado del Congreso podría marcar un parteaguas si se convierte en una política pública integral y no en un simple acto protocolario. De lo contrario, los mercados seguirán siendo patrimonio cultural en papel, pero estructuras vulnerables en la práctica.
