Por Dana Rodríguez
Ciudad de México, a 13 de agosto del 2025.- La Sedena ha incautado más de 28 mil armas de fuego en operativos y decomisos. Sin embargo, el verdadero problema comienza después: ¿qué pasa con estas armas una vez aseguradas? La Comisión Permanente advirtió sobre una opacidad estructural en el manejo del armamento incautado, derivada de la ausencia de registros detallados, supervisión civil y evidencia documental.
Esto genera una preocupante posibilidad: que armas que han sido decomisadas terminen nuevamente en manos de grupos criminales. La falta de protocolos sólidos de trazabilidad y destrucción real convierte los depósitos de armas en potenciales fuentes de reabastecimiento para el crimen organizado.
Ante esta situación, el Congreso exhorta a la Sedena a robustecer sus mecanismos de registro, destrucción y verificación tecnológica, y a emitir informes públicos periódicos de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Sin controles internos eficientes y públicos, no hay garantía de seguridad ni de justicia”, sostiene el dictamen. La prevención del reingreso de armamento ilegal no es solo una cuestión técnica: es un tema de rendición de cuentas y derechos humanos.
