Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 11 septiembre 2025.- El accidente de la pipa de gas de Transportadora Silza no sólo dejó ocho muertos, más de 90 heridos y cuantiosos daños materiales, sino que dejó al descubierto un vacío legal y operativo: no existe un protocolo específico en la Ciudad de México para la circulación de vehículos que transportan hidrocarburos u otras sustancias peligrosas.
Durante la conferencia, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció esta omisión y anunció que ha solicitado a la Secretaría de Protección Civil, en coordinación con la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, de carácter federal), la elaboración de un nuevo protocolo para estos vehículos. Es decir, apenas se comenzará a trabajar en algo que debería haberse establecido hace años.
Aunque el Reglamento de Tránsito de la capital (artículo 27) regula la circulación de vehículos pesados, sus disposiciones son generales y no consideran los riesgos específicos de unidades con materiales inflamables. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, explicó que la pipa circulaba por una “vía primaria sin alternativas”, lo que, bajo esta justificación, habilitó su presencia en la ruta. Es decir, las propias condiciones urbanas avalaron el tránsito de una bomba rodante por una zona densamente poblada.
Este no es el primer caso. En años recientes se han registrado otros accidentes con pipas de gas, como el de Cuajimalpa en 2015, con saldo trágico. Y pese a ello, no se han endurecido controles ni se ha exigido a las empresas garantizar la seguridad del entorno.
La ausencia de protocolos pone en riesgo diario a millones de habitantes. La urgencia de regular y restringir estos vehículos no sólo es técnica: es ética y política.
