Por Arturo Gutiérrez
Ciudad de México.– A partir de agosto, el Congreso de la Ciudad de México discutirá reformas legales contra el despojo de inmuebles. La diputada Leonor Gómez Otegui, de Morena, anunció que se modificará el Artículo 237 del Código Penal para endurecer las penas, con hasta 22 años de prisión en casos agravados como suplantación de identidad, uso de cargos públicos o invasión de suelo de conservación.
Además, se creará una Unidad Operativa Especializada contra el Despojo, se fortalecerán los registros públicos de la propiedad para evitar fraudes y se implementará una línea telefónica de atención directa (5553458120), junto con gabinetes de atención territorial.
“Blindaremos el patrimonio de las familias capitalinas frente a redes de corrupción que usan documentos falsos y complicidad notarial para despojar viviendas”, declaró Otegui. También enfatizó que estas medidas desmontan el discurso del PAN sobre “expropiaciones arbitrarias”.
Sin embargo, especialistas cuestionan si el endurecimiento penal por sí solo será suficiente. El abogado y defensor de inquilinos Carlos Mendoza advirtió que “las leyes existen, pero el verdadero problema es la impunidad estructural. Muchas denuncias se pierden en el sistema por falta de capacidad o voluntad institucional”.
También se teme que la nueva unidad operativa quede atrapada en la burocracia o en luchas de poder dentro del propio sistema de justicia capitalino.
