Por Redacción
CDMX, 18 agosto 2025.- En nombre de la eficiencia, la justicia capitalina cambia de piel. La desaparición del Consejo de la Judicatura marca un parteaguas en la historia del Poder Judicial en la Ciudad de México. En su lugar surgen dos nuevos organismos que concentrarán las funciones de administración, vigilancia y disciplina: el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. El rediseño institucional, aunque presentado como parte de un nuevo paradigma de justicia, deja en el aire preguntas críticas sobre su verdadera naturaleza: ¿mejora o centraliza el poder?
La iniciativa enviada por Clara Brugada al Congreso de la Ciudad, determina que el Consejo de la Judicatura, diseñado originalmente como un cuerpo colegiado para administrar y supervisar al Poder Judicial, queda eliminado. En su lugar, el Órgano de Administración Judicial asumirá el control de la adscripción y remoción de jueces, la gestión del sistema judicial y la vigilancia de los derechos laborales de las y los servidores públicos. Este órgano estará integrado por cinco personas designadas por los tres poderes locales, con mandatos de seis años sin reelección.
Aunque se promete independencia técnica y operativa, la fórmula de integración —donde tres integrantes serán elegidos por el Tribunal Superior de Justicia— podría inclinar la balanza hacia intereses internos del propio Poder Judicial.
El Tribunal de Disciplina Judicial es aún más polémico. Sus integrantes serán electos por voto popular a nivel nacional, funcionarán en pleno y comisiones, y tendrán facultades sin precedentes: podrán iniciar investigaciones, ordenar sanciones, aplicar medidas cautelares y emitir resoluciones que no podrán ser impugnadas por ninguna vía judicial o administrativa.
En la práctica, esto significa que un órgano de disciplina, elegido en procesos políticos, podrá destituir a jueces y personal judicial sin control judicial posterior. La intención es clara: frenar el encubrimiento de faltas graves. Pero el riesgo es que la justicia disciplinaria se transforme en un instrumento punitivo o de venganza política.
¿Transparencia o control centralizado?
Uno de los argumentos de la reforma es la necesidad de cumplir con los principios de austeridad republicana: ningún servidor público podrá ganar más que el titular del Ejecutivo Federal. Aunque esta medida busca moralizar al Poder Judicial, también puede tener efectos contraproducentes: desincentivar el ingreso o permanencia de profesionales de alta capacidad y abrir la puerta a una justicia precarizada.
Asimismo, se amplían funciones como la visitaduría y el órgano de evaluación del desempeño judicial, pero todos bajo la órbita del mismo modelo: un esquema disciplinario fuerte, con poca apertura a la deliberación o la revisión externa.
Uno de los aspectos más preocupantes es la clausura del debate judicial: las resoluciones del Tribunal de Disciplina serán definitivas e inatacables. Esta cláusula representa un retroceso respecto al principio del debido proceso y el derecho a la revisión de actos de autoridad. Un poder que no admite revisión se asemeja más a una autoridad autoritaria que a un garante democrático.
El nuevo sistema podrá ser más veloz y menos burocrático, pero si no garantiza equilibrio, transparencia y rendición de cuentas, corre el riesgo de convertirse en un modelo de justicia sumaria disfrazado de reforma estructural.
