La dirigencia colegiada de Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) expresó esta mañana que, “si en verdad todos estamos interesados en tener un mejor servicio de transporte, como en el juego, todos debemos poner”, por lo que iniciarán a partir de hoy el proceso de relacionamiento con el Gobierno de la Ciudad de México y el Congreso local, con el objetivo de lograr que se apruebe una partida presupuestal para 2023 y los años venideros por los dos pesos que faltan para completar la tarifa que necesitan en el corto plazo.
“Como les dijimos, no quitamos ni quitaremos el dedo del renglón, porque nuestro objetivo es alcanzar pronto los tres pesos que se necesitan para esta etapa y poco a poco recuperar lo perdido”, expresaron a través de su vocero Nicolás Vázquez, quien agregó que “a 40 días del incremento, hemos comprobado que el peso no nos alcanza para poder lidiar de una manera decorosa con todos los gastos que mover a un pasajero implica”.
Agregaron que “ese peso que, sin duda, ha sido bienvenido, es apenas, un respiro, pero no el oxígeno necesario y suficiente para tener fortaleza económica que se necesita para cumplir con la mejora del servicio a los niveles que la ciudad se merece”.
Los miembros de Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) recordaron que a pesar del incremento de un peso otorgado a partir del 15 de junio, ellos siguen subsidiando más de la mitad del costo técnico de mover a un pasajero que es de 13.50 pesos. Es decir, aún con el pasaje mínimo en 6 pesos, ellos ponen 7.50 pesos, lo que se les hace injusto.
En tanto, recordaron, los demás modos del transporte del Gobierno de la Ciudad de México, tienen un gran subsidio como son: Metro que sólo cobra 5 pesos, cuando el costo real para el GCDMX de un viaje-persona es de 16. Un trolebús cobra 4 pesos cuando su costo real es de 32. Un Tren ligero cobra 5 pesos cuando su costo es de 29. Un Metrobús cobra 6 pesos cuando su costo es de 12. Y un RTP cobra de 2 a 4 pesos, según la zona, cuando su costo real al día de hoy para el gobierno de la Ciudad es de 15.
Si los ciudadanos en general pusieron de su bolsa un peso más de manera directa para poderse transportar en el servicio público concesionado; y si nosotros, los transportistas, seguimos subsidiando el costo del transporte con 7.50 pesos cada viaje-persona en la Ciudad de México, “creemos que es justo que el Gobierno también ponga su parte en este esquema para ir mejorando cada día no sólo las condiciones del servicio, sino también las condiciones económicas de quienes lo proporcionamos”.
Por lo que “iniciaremos el relacionamiento con las instancias necesarias tanto del gobierno de la Ciudad de México como del Congreso para lograr que dentro del presupuesto actual y para los siguientes años, se asignen los recursos a través de una partida presupuestal precalificada, para obtener un bono de combustible donde se compensen los dos pesos que nos hacen falta por el momento, y no seguir acrecentando la diferencia que luego nos generan precisamente estos choques entre el mal servicio y la falta de grandes recursos para poderlo ofrecer”.
Agregaron que condiciones para hacerlo hay. “El Gobierno de la Ciudad de México en prácticamente todos sus anuncios sobre el tema del transporte se jacta de que están invirtiendo 80 mil millones de pesos para mejorar el transporte en la ciudad. Pero de tales recursos, menos de 4 por ciento le es entregado al transporte público concesionado que abarca también al Metrobús y los bonos de chatarrización para nosotros, además de todo lo que tiene que ver con los Centros de Transferencia Modal o Cetrams”.
Agregaron que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ha dicho de manera insistente y se vanagloria de que el transporte en la Ciudad de México es el más barato de la República Mexicana. “Es cierto, pero lo es a costa de los ciudadanos y de nosotros, los concesionarios del transporte”.
Nicolás Vázquez, Francisco Carrasco, Enrique Hernández, Saúl Medina, Domingo Pérez, Víctor González y Aniceto Guzmán expresaron de manera enfática que lo que ahora buscan no es un incremento a la tarifa, sino de un bono de combustible que otorgue la Jefatura de Gobierno que no ha puesto nada, cuando son socios del Gobierno de la Ciudad de México en la movilidad de los ciudadanos de la capital del país.
