Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 05 noviembre 2025.- El Congreso de la Ciudad de México se prepara para aprobar una reforma que agrava las penas por el delito de despojo cuando las víctimas sean personas menores de edad, mujeres embarazadas o integrantes de pueblos, comunidades indígenas, así como adultos mayores.
La iniciativa, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, propone modificar el artículo 238 del Código Penal, estableciendo sanciones de siete a once años de prisión y de mil a cuatro mil UMA. También amplía los supuestos en los que se considera agravante la participación de servidores públicos, notarios, personas que utilicen documentación falsa o quienes simulen tener un cargo público.
Asimismo, se contempla una penalidad mayor si el bien afectado es propiedad o está bajo la administración de un ente público de la Ciudad de México, o si se trata de un predio declarado área natural protegida.
El texto de la iniciativa destaca que la actualización de este marco legal es necesaria ante el incremento de casos de despojo vinculados a redes organizadas que emplean actos jurídicos simulados, falsificación de documentos o usurpación de identidad para apropiarse de inmuebles.
Con estas modificaciones, el Congreso capitalino busca reforzar la respuesta penal ante prácticas de despojo que vulneran derechos patrimoniales y colectivos.
