Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 17 septiembre 2025.- El caso del chofer de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa no solo es trágico por la cantidad de vidas perdidas, sino por las contradicciones graves entre lo que se sabía y lo que el gobierno comunicó.
Desde el 10 de septiembre, día del accidente, los reportes periodísticos y ciudadanos coincidían: el chofer estaba gravemente herido y fue trasladado bajo custodia al hospital. Algunas versiones incluso mencionaban quemaduras en el 90% de su cuerpo.
La narrativa oficial, sin embargo, se sostuvo durante casi una semana: que estaba siendo atendido, bajo investigación, que su estado era delicado. Mientras tanto, en redes sociales, medios y en declaraciones de fuentes médicas, ya se hablaba abiertamente de su fallecimiento desde el 15 de septiembre.
¿Por qué las autoridades no salieron a confirmar o desmentir esa información en tiempo real? ¿Por qué esperaron hasta el 16 de septiembre en la noche para reconocer su muerte?
Peor aún: si ya estaba muerto desde días antes, ¿por qué continuaba el discurso de que se le investigaba y custodiaba? ¿Fue un intento deliberado de engañar a la ciudadanía para ganar tiempo?
El problema no es solo la demora. Es el impacto que esto tiene en la credibilidad institucional. Cada contradicción, cada vacío, alimenta la idea de que hay algo que se oculta. Y en un país donde las víctimas de tragedias como esta muchas veces quedan en el olvido, el mínimo que se espera es transparencia y respeto.
A esto se suma el silencio de la empresa responsable, Transportadora Silza, y la falta de claridad sobre su relación con el Grupo Tomza, uno de los mayores distribuidores de gas en el país. ¿También están cuidando intereses privados por encima de la verdad?
