Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 02 diciembre 2025.- La diputada Diana Sánchez Barrios presentó una iniciativa legislativa que busca obligar a todas las instituciones del Gobierno de la Ciudad de México a integrar de forma explícita la protección de las poblaciones de la diversidad sexual en la asignación y ejercicio del gasto público para 2025. La reforma, dijo, “no es técnica, sino profundamente humana”.
Durante su intervención, la legisladora recordó que las poblaciones LGBTIQ+ han enfrentado décadas de discriminación, estigmatización y violencia que inician en los hogares y se “reproducen en las escuelas, los trabajos y los espacios públicos”. Aseguró que mientras una persona trans no puede acceder a un empleo sin discriminación o un joven tema revelar su orientación sexual en casa, “el Estado está fallando”.
Sánchez Barrios indicó que es responsabilidad del Congreso garantizar inversión pública para cerrar las brechas históricas que viven estas comunidades. En ese sentido, la reforma al artículo 28 obligaría a dependencias y alcaldías a integrar la igualdad sustantiva, la protección de niñas, niños y adolescentes, el enfoque de derechos humanos y la inclusión de las poblaciones de la diversidad sexual en toda la cadena presupuestaria.
Por su parte, la modificación al artículo 39 establece que los titulares de instituciones deberán ejercer el presupuesto bajo criterios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, pero además, bajo un enfoque explícito de igualdad y derechos humanos.
La diputada enfatizó que, aunque existen avances legales en materia de reconocimiento e identidad, estos no han sido suficientes para garantizar condiciones de vida dignas. “Las leyes por sí solas no cambian la realidad cotidiana; lo hace el presupuesto”, afirmó.
También alertó sobre el aumento de la discriminación y los obstáculos que enfrentan las personas trans, especialmente en acceso a salud, educación y empleo. Por ello, insistió en la puesta en marcha de políticas públicas respaldadas por recursos directos y suficientes.
