Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 03 diciembre 2025.- El propio organismo lo admite: desde 2022, EVALÚA pasó de evaluar únicamente desarrollo social a cubrir cinco áreas más —económica, urbana, rural, medio ambiente y seguridad—, pero sin incrementar un solo puesto de estructura. La consejera presidenta confirmó que el Consejo trabaja con 23 plazas, más estudiantes en servicio social, lo que abre un cuestionamiento crucial: ¿cómo evalúa la capital del país con una plantilla mínima y sin especialistas suficientes?
La diputada panista Claudia Susana Pérez indicó que el número de expedientes y temas a evaluar ha aumentado, pero no hay evidencia de nuevas contrataciones ni de convenios con instituciones académicas o centros de investigación que soporten la carga técnica. El organismo, denunció, opera al borde de la saturación y en riesgo de caer en evaluaciones superficiales.
Mientras tanto, la mayoría de recursos se diluyen en nómina, sin que se presenten indicadores públicos verificables sobre calidad, impacto o oportunidad de sus diagnósticos. La falta de transparencia metodológica ―por ejemplo, en la evaluación de programas como Ingreso Ciudadano Universal o Beca para Universitarios― alimenta la percepción de que EVALÚA funciona como un ente sobrecargado, subfinanciado y poco eficiente.
El discurso de Shamah Levy, centrado en la falta de presupuesto, no convenció a la comisión. Para varios legisladores, el aumento de atribuciones sin estrategia, sin recursos humanos y sin cronogramas claros de evaluación solo ha convertido a EVALÚA en un organismo rebasado y con resultados difíciles de comprobar. La advertencia quedó sobre la mesa: la expansión institucional sin capacidad operativa puede convertir al Consejo en un aparato simbólico en lugar de un evaluador real.
