Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 17 septiembre 2025.- La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, confirmó que la pipa involucrada en la explosión circulaba a exceso de velocidad. Sin embargo, lejos de hablar de una línea de investigación que derive en prisión para los responsables, la funcionaria dejó abierta la puerta para que el caso se resuelva mediante acuerdos reparatorios, es decir, con dinero.
Durante su intervención, la fiscal reveló que hasta el momento no se han presentado denuncias formales, aunque dijo que ya se han recabado 42 entrevistas con familiares de víctimas, las cuales funcionarían como querellas. Lo que no se explicó es por qué, con evidencia clara de negligencia, el Ministerio Público no ha procedido de oficio contra los responsables.
A pesar de los 20 fallecidos y más de 60 heridos, la fiscalía parece inclinarse por la ruta jurídica más cómoda para la empresa: la reparación del daño vía acuerdos económicos. Esta vía permitiría evitar un proceso penal largo y una posible sentencia privativa de libertad para los responsables. La historia recuerda tristemente al caso de la Línea 12 del Metro, donde el Gobierno priorizó las indemnizaciones sobre la justicia.
Con esta postura, la Fiscalía capitalina parece más dispuesta a facilitar indemnizaciones que a castigar el crimen. La negligencia que cobró vidas humanas podría quedar sepultada entre cálculos de seguros, papeleo judicial y acuerdos privados, dejando a las víctimas sin justicia y a los responsables sin castigo.
