Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 14 septiembre 2025.- Lo que comenzó como una campaña de inspección ciudadana se convirtió en un nuevo foco de polarización política en la Ciudad de México. La llamada “Patrulla Anticorrupción”, integrada por los diputados de Morena Cecilia Vadillo y Víctor Romo, fue señalada por la bancada del PAN como un montaje ilegal.
Sin embargo, desde Morena la defienden como un “ejercicio pedagógico y comunicacional” cuyo objetivo es «visibilizar actos de corrupción urbana y de uso del suelo», particularmente en la alcaldía Miguel Hidalgo, así lo manifestó el morenista Paulo García.
Los legisladores reportaron que el operativo ciudadano ya ha generado más de «120 denuncias», incluyendo «casinos, bares, ‘tables’ y construcciones ilegales toleradas» presuntamente por las autoridades locales. Esta movilización ha puesto al PAN en una posición incómoda, pues fue su propio punto de acuerdo el que abrió la puerta al debate público. Lejos de apagar el tema, el intento de descalificar la patrulla sólo «aumentó su visibilidad».
En tribuna, Morena fue más allá. Acusó directamente al PAN de tener “miedo a la transparencia” y de ser “la bancada del no”, una fuerza política que “vuelve en ‘no’ en lugar de volver en sí”. La bancada guinda dejó claro que «respaldará plenamente» a los diputados que lideren acciones de fiscalización ciudadana, y advirtieron que el objetivo final es «evitar un nuevo cártel inmobiliario» como el de Benito Juárez, donde panistas están involucrados en investigaciones por corrupción inmobiliaria.
Aunque la “patrulla” no tiene funciones oficiales ni poder sancionador, sí pone presión mediática sobre autoridades locales. Su efectividad jurídica es discutible, pero su impacto político ya es evidente. Morena apuesta por seguir usándola como herramienta de presión ciudadana, mientras Acción Nacional busca frenar su avance en tribunales. En el fondo, lo que está en juego es el control narrativo sobre la corrupción urbana.
