Por Arturo Gutiérrez
Ciudad de México, 25 noviembre 2025.- Con entusiasmo institucional, el Gobierno capitalino informó que la marcha del 25N concluyó “en un ambiente de respeto y tranquilidad”. Pero para colectivos y especialistas, esa frase es la fachada con la que cada año se intenta maquillar la brutal realidad: México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ser mujer y el Estado no ha logrado revertir la crisis.
La presencia de 600 policías, personal de más de siete dependencias, cierres viales y un amplio despliegue burocrático contrasta con la precariedad de los servicios esenciales: refugios insuficientes, carpetas de investigación que no avanzan, omisiones en ministerios públicos y agresores que siguen libres. Mientras el gobierno presume orden logístico, las mujeres siguen enfrentando un sistema que las desprotege.
El discurso oficial enfatiza que se priorizó el diálogo y la convivencia, pero en las calles persiste la sensación de que las autoridades controlan la protesta para no escucharla. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres debería ser una jornada de evaluación de políticas públicas, no una vitrina para presumir organización y operativos.
El gobierno capitalino repite su compromiso con la no violencia, pero las exigencias de justicia que resonaron en el Zócalo recuerdan lo que el informe oficial omite: no basta con garantizar una marcha pacífica si el país sigue siendo un territorio hostil para las mujeres. La tranquilidad del 25N, por sí misma, es una verdad incompleta.
