Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 07 septiembre 2025.- El corazón del conflicto en el transporte concesionado sigue siendo el mismo: quién debe asumir el costo del servicio. Mientras los transportistas exigen un alza tarifaria que refleje la inflación y el alza en combustibles, los legisladores apuestan por una fórmula que combine subsidios, chatarrización y aumentos graduales. Pero ninguna de estas soluciones se ha implementado, ni siquiera en fase piloto.
La creación de un “índice de costo del transporte” suena bien en papel, pero hasta ahora no hay claridad sobre su metodología ni sobre su aplicación real. Además, no se ha definido cómo garantizar que un eventual aumento de tarifa se traduzca en un mejor servicio para los usuarios. La historia reciente muestra que sin fiscalización ni regulación, los beneficios se diluyen en la opacidad del modelo concesionado.
Los subsidios públicos, si bien necesarios, enfrentan una resistencia ideológica y presupuestaria dentro del mismo gobierno. Mientras tanto, los transportistas operan con vehículos viejos, sin acceso a crédito y en condiciones laborales precarias. El Estado, ausente como regulador y como inversionista, deja a millones de capitalinos atrapados en una movilidad desigual y peligrosa.
La discusión sobre quién paga el transporte público debe avanzar hacia una definición clara: o el gobierno asume su papel como garante del derecho a la movilidad, o deja que la tarifa sea el único instrumento de sobrevivencia del sector. Pero lo que no puede seguir pasando es que el usuario pague más sin recibir nada a cambio.
